• December 8, 2019

EL TREN MAYA AÚN INCIERTO

REMEMBRANZAS
Por Santos Gabriel Us Ake

Está por cumplir un año la actual administración federal y aún no existe un proyecto ejecutivo definido sobre el Tren Maya, sino solamente planteamientos, cambios de ideas, reuniones de trabajo y opiniones sobre su viabilidad. Se calcula que la ejecución de la obra duraría cuatro años, y de ser así solamente habría un año para los trámites ambientales, que sería durante todo el 2020 para poder iniciar en el 2021 y terminar en el 2024 justo al terminar el presente sexenio.
Será muy difícil obtener la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en solo 12 meses, y además hay que considerar que habrían condicionantes y amparos en contra por parte de ambientalistas. En la parte agraria la idea de hacer socios a los ejidatarios no es bien vista porque la experiencia histórica les ha enseñado que predomina el incumplimiento de los compromisos.
Tan solo en la construcción de la carretera Cancún-Chetumal hasta ahora la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no ha pagado a varios ejidos por la afectación a sus tierras, y son litigios que ya tienen varios años sin resolver, aunado a que la Procuraduria Agraria (PA) prácticamente está en proceso de desmantelamiento o de inactividad con miles de juicios sin sentencia.
Los técnicos del Tren Maya desde un principio en las reuniones de trabajo dijeron a los ejidatarios que no se contempla ninguna indemnización por la afectación a sus tierras sino una propuesta de hacerlos socios del proyecto, además de que algunos operadores del gobierno federal se expresaron de manera impositiva. Todos los ejidos cuentan con asesores agrarios que trabajan con ellos desde hace muchos años, de tal manera que saben cómo proceder ante cualquier proyecto.
Los ejidatarios tienen bien claro que el Artículo 94 de la Ley Agraria establece las indemnizaciones por utilidad pública. Previene que “La expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria. Deberá hacerse por decreto presidencial que determina la causa de utilidad pública y los bienes por expropiar y mediante indemnización. El monto de la indemnización será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados; en el caso de la fracción V del Artículo anterior, para la fijación del monto se atenderá a la cantidad que se cobrará por la regularización. El decreto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y se notificará la expropiación al núcleo de población”.
Por lo regular la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales suele realizar avalúos amañados para definir precios irrisorios que en realidad representan despojos de tierras ejidales, pero en cambio en el pasado ha beneficiado a los grandes inversionistas y a los propios actores políticos que intervienen en el negocio, y se espera que en este caso del Tren Maya sea la excepción y se indemnice de manera justa a los ejidatarios. Aunque de antemano eso de hacerlos socios suena a otra modalidad de despojo, porque nada garantiza que las ganancias lleguen al ejido.
El tema ejidal solamente es uno de tantos trámites por resolver, falta tomar en cuenta la afectación de tierras de pequeños propietarios, la Manifestación de Impacto Ambiental, las consultas públicas, los amparos, las condicionantes ambientales, la conservación de los monumentos arqueólogos ubicados en el trayecto, entre otros.
Superar toda esta ruta crítica seguramente requerirá más de un año, si es que llega a feliz término, de lo contrario será un proyecto más que se quedaría en el ideario oficial. Y no sería la primera vez, porque ya ocurrió con el proyecto de tren transpeninsular del entonces presidente Enrique Peña Nieto y una conocida ex gobernadora de Yucatán. No lograron concretar ni siquiera los trámites del pequeño tramo Mérida-Cancún, ni conseguir los fondos de financiamiento, pero sirvió para una gran cantidad de reuniones, promesas electorales y discursos.

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