Ciudad de México 14 de enero 2021.-La Fiscalía General de la República (FGR) ha exonerado este jueves al general Salvador Cienfuegos el exsecretario de la Defensa Nacional durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. El militar volvió a México a mediados de noviembre después de ser acusado de narcotráfico por Estados Unidos. El reclamo diplomático del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador obligó a Washington a retirarle los cargos de narcotráfico y lavado de dinero tan solo un mes después de haber sido detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, el 15 de octubre. La dependencia ha informado esta noche de que después de analizar el caso “se llegó a la conclusión de que el General Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”, dice en un comunicado. El general Cienfuegos ha quedado en libertad y sin acusaciones en ambos lados de la frontera.

La DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, acusó al militar de trabajar con la organización delictiva de los hermanos Beltrán Leyva. Este delicado señalamiento a uno de los hombres más poderosos de la Administración del PRI se basaba en la obtención de miles de mensajes telefónicos de Blackberry interceptados por los agentes estadounidenses entre diciembre de 2015 y febrero de 2017. Ese periodo, se creía, era el de la colaboración entre el exjefe del Ejército y los narcotraficantes. La Fiscalía mexicana ha asegurado esta noche que no halló prueba alguna de que Cienfuegos haya utilizado equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo.

Las investigaciones de las autoridades mexicanas también señalan que no existe ningún “dato” o “síntoma” alguno de la “obtención de ingresos ilegales” que hayan aumentado la riqueza del general Cienfuegos “fuera de lo normal”. Mientras el exsecretario estuvo detenido en California su defensa ofreció el pago de una fianza de 750.000 dólares, los ahorros de toda la vida del general, para seguir el proceso en libertad. La decisión fue rechazada por los jueces federales por el peligro de fuga del ex alto cargo. Las autoridades temían que volviera a México, donde iba a ser protegido. El juez Alexander MacKinnon consideró que sería fácil para una persona con sus conexiones políticas evadir la justicia.

“Por los motivos anteriores, y con base en los razonamientos y pruebas en la carpeta correspondiente, la Fiscalía General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ha determinado el no ejercicio de la acción penal”, señala el boletín de la Fiscalía.