Sin convocar a la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Reyna Durán Ovando, las fracciones parlamentarias de Morena, Partido Verde (PV) y del Trabajo (PT) aprobaron la temporalidad de los próximos dos gobernadores del Estado.

Serán de seis y dos años respectivamente, del 2022 al 2030.

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales anticipó desestimará tal dictamen pues trastoca la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Asimismo, acusó que existen intereses diversos entre las fracciones parlamentarias de Morena-PV-PT y PRI.

La secretaria de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Ericka Castillo Acosta, convocó a sesión urgente para abordar la temporalidad de los próximos gobernadores.

Según el dictamen aprobado, el primero estará en funciones del 2022 al 2028 y el siguiente en los dos años posteriores, a efecto de cumplir con la Reforma Electoral Federal.

En las próximas horas será sometido a consideración del Pleno.

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales acusó que ese pronunciamiento violenta la normatividad del Congreso del Estado.

Porque Castillo Acosta carece de personalidad jurídica para convocar a reunión. Aun así le hizo para aprobar el dictamen.

Me extraña que la presidenta de la Comisión Antricorrupción, Euterpe Gutiérrez Valásis, se haya prestado a ello… Se confabuló el PRI-MOR por los intereses políticos y hasta económicos”, denunció.

Advirtió que recurrirá al Órgano Interno de Control (OIC) para invalidar la sesión y los acuerdos tomados.

Asimismo, exigirá sanciones para los diputados que participaron en dicha reunión.

Porque en la Legslatura pasada se aprobó el tiempo de encargo del próximo gobernador, que sería por cinco años, y ahora con lo aprobado viene a configurarse el interés de la Cuarta Transformación que no está a favor del pueblo como promueven.