Acusan a feministas por exigir aborto sin proteger a la mujer. 

El aborto no es una solución de salud pública para el creciente problema social, por el contrario, en los países donde fue despenalizado incrementaron los índices de mujeres muertas por estas prácticas, aseguraron organizaciones pro vida en la ciudad de Cancún.

En conferencia de prensa exhortaron a los diputados de la XVII Legislatura del Congreso del Estado a rechazar el “aborto legal” en Quintana Roo, y se pronunciaron en contra del denominado “Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro“, utilizado para coaccionar a los legisladores de todo Latinoamérica.

El aborto no puede ser considerado un derecho de la mujer, pues significa la privación de la vida de un ser humano indefenso que se encuentra en desarrollo en el útero materno, explicó Roxana Torres, presidenta de Resistencia Pro Vida, A.C.

Reclamó también que el término de “personas gestantes” las elimina del rol de mujeres y madres, y degrada al género femenino.

Estefany Torres, presidenta de Líderes Pro Vida, A. C. citó el caso de la dirigente feminista Maria del Valle González López, presidenta de “Juventud Radical” en Argentina, fallecida a sus 23 años de edad, al practicarse un aborto con 6 semanas de gestación, asistida y legal, “ahora su madre Lidia Fiore encabeza un movimiento para lograr la suspensión de la ley de aborto promovida por su difunta hija”.

Ya hicieron solicitudes de acercamientos para dialogar con la XVII Legislatura, en representación de más de 5 mil 500 instituciones que se han sumando en contra de la iniciativa promovida por grupos feministas, “además, el 90 por ciento de los quintanarroenses está a favor de la vida y en contra del aborto legal”, indicó Cristian Aranda, vocero del Frente Nacional Pro Vida, A.C.

Por otra parte en este marco del 28 de septiembre, Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la Organización de la Sociedad Civil (OSC), GOBERNANZA MX, hizo un llamado a la próxima Legislatura de Quintana Roo, para que asuma la responsabilidad que le corresponde y armonice el marco legal con lo dictaminado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de despenalizar la interrupción del aborto en Quintana Roo.

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