El Gobierno de Quintana Roo solicito el aval de la XVII Legislatura del Congreso del Estado para la contratación de un crédito con una o más instituciones financieras mexicanas hasta por un monto de 19 mil 687 millones 171 mil pesos que servirán para reestructurar la deuda pública directa y cubrir compromisos y garantías de pago que dejaron por herencia administraciones anteriores.

La Comisión Permanente que preside la diputada Mildred Ávila Vera la turnó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta para su análisis, discusión y posterior dictamen.

En la misma sesión, Ávila Vera convocó a un quinto periodo extraordinario de sesiones para el próximo 3 de septiembre a las 17:30 horas, en el cual se dará lectura a la iniciativa para la contratación del primer crédito.

Con este crédito, el gobierno del Estado refinanciará la deuda que hasta el 2021, en la recta final de la administración de Carlos Joaquín, ascendía a 18 mil 921 millones 860 mil 050 pesos, según consta en la página de la Sefiplan.

En abril de 2020, con la crisis sanitaria que provocó el Covid-19, el gobierno de Carlos Joaquín González, logró el aval de la XVI Legislatura para la contratación de créditos con Grupo Financiero Banorte por la cantidad de 6 mil 300 millones de pesos; con Banobras, por 11 mil 286 millones 561 mil 295 pesos y con HSBC México por 1 mil 150 millones de pesos; con la primera institución el crédito tuvo un plazo a 20 años; con la segunda a 22 años y con la tercera a 25 años.

En ese entonces, Yohanet Torres Muñoz, hoy diputada local por el Partido Verde, era la secretaría de Finanzas y Planeación, quien en ese entonces aseguró que, con ese refinanciamiento, la administración del gobernador Carlos Joaquín tendría finanzas sanas y transparentes y que estaría alcanzando una estructura de deuda más flexible y eficiente, además de garantizar viabilidad financiera de forma transexenal con mejores condiciones de flujo para cumplir compromisos asumidos.

La actual iniciativa de la gobernadora Mara Lezama establece que los recursos se estarían utilizando también para el pago a proveedores y para la cobertura de garantías y mecanismos de apoyo y soporte financiero.

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