Al menos 20 mil burócratas varones del Gobierno de Quintana Roo tendrán que comprobar que no se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género.

Los trabajadores estatales tendrán hasta el 30 de octubre para presentar sus constancias de que no son violentadores de mujeres ni deudores alimentarios.

Y es que a partir del miércoles 30 de agosto entró en vigor la reforma de ley que dara de baja a los burócratas del Gobierno de Quintana Roo que estén registrados como violentadores de mujeres o ser deudores alimentarios.

El Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo promulgó el martes en el Periódico Oficial del Estado la reforma al artículo 43 de la Constitución local conocida como 3 de 3 contra la violencia de género, la cual entró en vigor a partir de este miércoles.

Las autoridades, le darán efectos retroactivos a esta reforma, pues a partir de su entrada en vigor harán aplicables las reglas establecidas en las nuevas condiciones de trabajo para que los burócratas comprueben que no son violentadores de mujeres ni deudores alimentarios.

Por lo anterior, el Poder Legislativo del Estado se convirtió en el primero en hacer efectivas esas condiciones, puesto que este miércoles también publicó en el Periódico Oficial del Estado las nuevas condiciones generales de trabajo que estableció para su personal, con lo cual los trabajadores tienen ahora 60 días para actualizar sus expedientes con la documentación que compruebe que no son violentadores de mujeres o deudores alimentarios.

Los que no actualicen sus expedientes o estén sancionados por ser violentadores de mujeres o deudores alimentarios serán despedidos, según estas nuevas reglas.

En esa actualización, deberán entregar certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y constancia de no encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género, de acuerdo con los transitorios de las nuevas condiciones generales de trabajo.

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