Ante la denuncia penal que interpuso el Gobierno de Quintana Roo en contra de funcionarios y consejeros de la concesionaria de agua potable, Aguakan intenta chantajear a la autoridad estatal al argumentar que entre los inversionistas de la empresa están varias afores que representan a más de 22.5 millones de trabajadores mexicanos.

A través de sus redes, Aguakan lanzó un comunicado en el que afirma que no hay sustento jurídico para revocar la ampliación de la concesión hasta el 2053, acuerdo que el Gobierno estatal firmó con la empresa en 2014 e incluyó además la prestación del servicio en Solidaridad.

“Como parte de este acuerdo, la empresa pagó mil 055 millones de pesos a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del estado como contraprestación única. Sin embargo, se pretende hacer creer que los servidores públicos que firmaron dicho contrato carecían de facultades legales para realizar esa gestión”.

Parece olvidar la directiva de Aguakan que el exgobernador Roberto Borge Angulo permanece recluido en un penal federal de Morelos y fue vinculado a proceso como presunto responsable de delincuencia organizada por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

También enfrenta dos procesos penales, por desempeño irregular de la función pública y por delitos de peculado.

Además, en Isla Mujeres la consulta pública para revocar la concesión de Aguakan arrojó como resultado que, de diez mil 261 votos emitidos, cinco mil 880 se manifestaron en contra con un rotundo NO en la boleta, mientras que tres mil 806 estuvieron a favor y se contabilizaron 575 votos nulos, con un porcentaje de participación del 44.96% en el municipio.

Al superarse el 35% de participación requerido, el Consejo General del IEQROO declaró vinculante el resultado de la Consulta Popular.

Aguakan se defiende

En su comunicado, la empresa insiste en que todas las acciones relacionadas al nuevo contrato se realizaron de manera transparente y conforme a la ley, como la aprobación del Consejo Directivo de la CAPA, los cabildos de los municipios y el Congreso del Estado de Quintana Roo, por lo que la empresa confía en que los tribunales demostrarán que se actuó de manera correcta y que el estado de derecho en Quintana Roo se respeta.

En su mundo de fantasía, Aguakan considera que Mara Lezama Espinosa, gobernadora de la entidad, ha sido mal informada en relación con los hechos objeto de la denuncia penal, por lo que le reitera su total apertura para dialogar con su administración a fin de encontrar soluciones, en el marco del derecho y en beneficio de los habitantes del estado y de los inversionistas, entre los cuales están las afores Banamex, Sura, Principal y Pensionissste que representan a más de 22.5 millones de trabajadores mexicanos.

El comunicado concluye asegurando que DHC-Aguakan es una empresa 100% mexicana, que ha invertido más de 8 mil 223 millones de pesos en infraestructura en el estado que, entre otras cosas, implica la conexión de tres mil 250 kilómetros de tuberías de agua.

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Fuente: Diario Cambio 22