La empresa Aguakan manifestó esta noche su disposición a poner fin de manera anticipada a su concesión en Quintana Roo, siempre que reciba una “justa indemnización” por ello. 

Mediante un comunicado publicado casi de manera simultánea al posicionamiento realizado por el gobierno estatal, esta empresa negó que haya operado de manera ilegal y causando estragos a los habitantes de los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres.
Afirmó que, por el contrario, ha realizado inversiones significativas en infraestructura, al destinar más de 8 mil 865 millones de pesos para mejorar el servicio en los municipios mencionados.

Destacó que, a lo largo de los años en que ha poseído la concesión, ha aportado más de 5 mil millones de pesos en contraprestaciones anuales al estado y ha pagado 5 mil 824 millones de pesos en impuestos federales.

Además, subrayó que en 2014 su concesión fue extendida de manera legal con la aprobación de dependencias tanto estatales como municipales.

Aunado ello, hizo énfasis que en su capital social participan afores de suma importancia Banamex, Sura, Principal y Pensionissste, además del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

Señaló que, por tal motivo, cualquier modificación en la administración del servicio, podría generar severas afectaciones en los ahorros de millones de trabajadores.

Por otra parte, al referirse a las tarifas de agua, Aguakan manifestó que éstas son fijadas por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).

“Las tarifas son uniformes en los 11 municipios del estado, incluyendo los cuatro en los que opera Aguakan (Benito Juárez, Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla Mujeres) y aquellos gestionados directamente por CAPA. Sin embargo, nos enorgullece destacar que, en los municipios donde operamos, ofrecemos un servicio de mayor calidad, atención y cobertura”, añadió.

Por último, esta empresa reiteró su compromiso a favor de la legalidad y la transparencia, y asegura que cualquier terminación de su contrato debe garantizar un proceso justo y equitativo para todas las partes.

“La empresa está dispuesta a colaborar en la conclusión anticipada de nuestra concesión, siempre que se respeten los marcos legales y se garantice un proceso justo y equitativo para todas las partes involucradas”, concluyó.

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