Inmobiliaria R4 emitió un comunicado oficial en respuesta a las acciones realizadas el 18 de junio de 2025 por la Fiscalía General del Estado de Yucatán, que derivaron en la entrega de los hoteles Mayaland y Lodge a Fernando Barbachano.

La empresa señala que esta acción carece de sustento legal y afecta directamente sus derechos, por lo que hace un llamado a la opinión pública para aclarar los hechos. A continuación, se detallan los puntos principales de su postura.

El 27 de octubre de 2020, Fernando Barbachano formalizó la entrega de los hoteles Mayaland y Lodge a Inmobiliaria R4 mediante un acta que cumplía con el contrato de promesa de compraventa suscrito el 7 de agosto de ese año.

Barbachano recibió 4.5 millones de dólares, pero, según R4, se ha negado a cumplir lo pactado, actuando de mala fe. Además, el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa de Yucatán determinó el 5 de octubre de 2023 que las autoridades de Quintana Roo no tienen competencia para intervenir en este caso, declarando firme dicha resolución.

A pesar de esta sentencia, una jueza de Quintana Roo ordenó, sin notificar a Inmobiliaria R4, que la Fiscalía de Yucatán entregara los hoteles a Barbachano, dejándolos en estado de indefensión.

Fernando Barbachano , en el ojo del huracán

Posteriormente, el 13 de junio de 2025, el Juzgado de Control y el Tribunal de Juicio Oral Penal de Cancún declararon nula la notificación del 23 de abril de 2025, informando oficialmente a Barbachano de esta nulidad.

Sin embargo, la Fiscalía de Yucatán procedió con la entrega de los inmuebles, acción que R4 califica como injustificada y sin fundamento legal.

Inmobiliaria R4 mantiene un juicio mercantil (512/2024) en el Juzgado Mercantil Federal de Mérida para exigir que Barbachano cumpla con el contrato. La empresa ha consignado 1.5 millones de dólares adicionales, demostrando su compromiso con lo acordado.

R4 acusa a Barbachano de intentar evadir sus obligaciones y retener tanto los hoteles como el dinero recibido.

La empresa confía en que las autoridades de Yucatán corregirán esta irregularidad y reestablecerán el orden legal, reiterando su compromiso con el Estado de Derecho y agradeciendo el apoyo de quienes han mostrado interés en el caso.

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