“En la Cámara de Diputados, hacemos valer de manera efectiva los derechos de los consumidores en la economía digital, de quienes se ven afectados cuando desean cancelar suscripciones o membresías, pero deben cumplir plazos forzosos aunque ya no usen el servicio o no puedan seguir pagando”, dijo la diputada federal Marybel Villegas Canché.

Y es que de manera unánime, ayer se aprobaron adiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, lo que permitirá cancelar de manera inmediata y sencilla la relación contractual y sin penalizaciones con plataformas digitales de películas, música, videojuegos, aplicaciones móviles y demás servicios en línea.

Se trata de la adición de las fracciones VIII y IX al artículo 76 Bis de dicha ley en materia de cancelación de suscripciones y membresías con cobro recurrente, a partir de una iniciativa impulsada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamento de Morena y que fue avalada por el resto de la Cámara.

La diputada por Quintana Roo, informó que con esta adición, se garantizará que los proveedores informen de manera clara, destacada y accesible si el servicio contratado implica pagos automáticos recurrentes, precisando monto, periodicidad y fecha de cobro y que las cancelaciones sean sin penalizaciones y con pleno respeto a los derechos de los usuarios.

“Es muy común que las empresas, ya sea de streaming o de algún servicio digital, obliguen al consumidor a contratar plazos y costos de los que no informa, o entrega en contratos con normas en ‘letras chiquitas’ o poco claras que confunden y al final, el cliente es el que pierde cuando ya no desea seguir y le cobren penalizaciones”, precisó la diputada.

Por ello, esta modificación establece también que todo cobro recurrente requiera el consentimiento expreso e informado de la persona consumidora y obligue a los proveedores a notificar con al menos cinco días naturales de anticipación la renovación automática de un servicio, para que el usuario pueda decidir si continúa o lo cancela.

Y una de las cosas más importantes, es incorporar la obligación de contar con un mecanismo inmediato y sencillo de cancelación de servicios, suscripciones o membresías, sin penalizaciones y sin trabas.

Con esta reforma, se pone un freno a las empresas que mediante contratos de adhesión y cobros automáticos recurrentes, generan escenarios de opacidad y desigualdad en donde los usuarios carecen de información clara y oportuna sobre los cargos que se les realizan.

“Con lo aprobado, desde la Cámara de Diputados ponemos fin a las prácticas abusivas que obstaculizan la cancelación de servicios, y que convierten a los consumidores en rehenes de políticas contractuales poco claras”, precisó.

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