En una decisión histórica para el fortalecimiento de la seguridad pública, el Senado de la República aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una reforma estratégica impulsada de manera decidida por la senadora Anahí González -fundadora de Morena en Quintana Roo-, quien participó activamente en la consolidación de este nuevo instrumento jurídico.

La legislación, derivada de la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, homologa por primera vez el tipo penal de extorsión en todo el país, eliminando disparidades entre entidades y cerrando vacíos legales que durante años favorecieron la impunidad. Con esta armonización, cualquier acto de extorsión recibirá el mismo tratamiento jurídico sin importar la región en la que ocurra.

Para concretar este marco jurídico, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa que establece las bases para prevenir, investigar y sancionar los delitos de extorsión bajo un esquema uniforme en toda la República. La propuesta elimina vacíos legales históricos y privilegia la salvaguarda de las víctimas. En este proceso, las y los senadores que integran la consolidación del Segundo Piso de la Cuarta Transformación —entre ellos la senadora Anahí González, quien asumió un papel destacado— impulsaron que la Ley tuviera un alcance integral, incorporando modalidades contemporáneas como la extorsión bancaria, los esquemas “montadeudas” y los llamados “montachoques”, prácticas que por años permanecieron fuera del radar legal.

El dictamen aprobado establece penas de 15 a 25 años de prisión, con agravantes que incrementan la sanción en casos de cobro de piso, uso de información privada, afectación a actividades productivas, o cuando la víctima sea niña, niño, adolescente, mujer embarazada, adulto mayor o persona migrante. Las penas también aumentan cuando el delito se comete aprovechándose de una relación de confianza o mediante mecanismos financieros o tecnológicos.

Uno de los avances centrales impulsados por la senadora quintanarroense es el tratamiento integral de todas las modalidades de extorsión, incluyendo las surgidas con la evolución tecnológica. Con la nueva Ley, estas formas de coacción quedan explícitamente tipificadas y sancionadas, cerrando rutas de operación que antes permitían a los grupos criminales actuar con ventaja.

La Ley determina también que la extorsión será investigada y perseguida de oficio, permitiendo denuncias sin revelar identidad y fortaleciendo la protección a víctimas mediante mecanismos de resguardo de datos personales, acompañamiento integral y medidas cautelares como la prohibición de contacto con agresores y la intervención de comunicaciones bajo control judicial.

Otro punto relevante es el régimen sancionador para quienes faciliten, cooperen o auxilien en la comisión del delito, cerrando el círculo de impunidad alrededor de estructuras criminales. Asimismo, se establece que las personas sentenciadas por extorsión no podrán acceder a beneficios preliberacionales, garantizando que la pena se cumpla íntegramente.

Entre las medidas institucionales, la nueva Ley crea el Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este Centro fortalecerá el vínculo con la ciudadanía al garantizar la recepción, registro, canalización, atención y seguimiento de denuncias, consolidándose como una herramienta fundamental para la respuesta inmediata y la reconstrucción de la confianza pública.

Con base en lo establecido en el documento, también se prevé la colaboración con instituciones públicas, privadas y sociales en materia de prevención, así como la obligación de autoridades de los tres órdenes de gobierno de coordinarse en programas y acciones para contener el delito. Estas disposiciones fueron respaldadas firmemente por la senadora Anahí González, quien impulsó que la Ley no solo sancionara, sino que previniera y cerrara todas las vías que permitían operar a la extorsión.

La senadora Anahí González reiteró que esta Ley representa un avance fundamental, al señalar que “la eliminación de vacíos legales, la incorporación de modalidades digitales y la puesta en marcha de mecanismos nacionales de prevención y denuncia reflejan un compromiso real con las víctimas y con la seguridad del pueblo”. Su impulso legislativo fue clave para que la norma integrara una visión humana, moderna y efectiva, capaz de enfrentar la complejidad actual del delito, consolidándose además como una pieza esencial de la Revolución del Bienestar, al fortalecer la protección de las y los mexicanos.

Con esta aprobación, el Senado consolida una respuesta contundente a un fenómeno que afecta a miles de familias y sectores productivos, reafirmando el compromiso de la Cuarta Transformación con la justicia, la seguridad y la reconstrucción del tejido social.

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