Más de 100 permisionarios de la comunidad náutica y pesquera de Puerto Morelos denunciaron presuntos abusos de autoridad, hostigamiento e intimidación sistemática por parte de la Capitanía de Puerto, hechos que atribuyen directamente a la gestión de Margarita Vela Pérez, actual titular de la dependencia.

La queja formal fue presentada el 30 de diciembre de 2025 ante la gobernadora Mara Lezama Espinosa y el secretario de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, en la que los inconformes detallan una serie de acciones que consideran arbitrarias y desproporcionadas, entre ellas amenazas constantes de multas, sanciones administrativas, suspensión injustificada de permisos e inspecciones selectivas, incluso mientras se encontraban prestando servicios turísticos con pasajeros a bordo.

De acuerdo con el documento, estas prácticas han generado un clima de miedo, incertidumbre jurídica y afectación económica, poniendo en riesgo el sustento de más de 250 familias que dependen directamente de la actividad náutica y pesquera en el municipio, además de dañar la imagen de Puerto Morelos como destino turístico seguro y ordenado.

Los denunciantes subrayan que, desde que la Secretaría de Marina asumió el control de las Capitanías de Puerto, han pasado diversos mandos, incluido un vicealmirante, sin que se hubieran presentado conflictos de esta magnitud, por lo que rechazan que se trate de un problema estructural o heredado y apuntan directamente a la administración actual.

Asimismo, la comunidad afirmó que el sector náutico de Puerto Morelos se ha distinguido por operar dentro de la legalidad, sin embarcaciones irregulares y con cumplimiento de la normatividad vigente, manteniendo históricamente una relación de colaboración con las autoridades, situación que, aseguran, se ha deteriorado de manera grave en los últimos meses.

Uno de los elementos más delicados del caso es que la denuncia fue presentada sin nombres ni datos individualizados, debido al temor fundado de represalias, lo que, a decir de los permisionarios, evidencia el nivel de presión y vulnerabilidad bajo el que actualmente opera el sector.

Ante este escenario, la Comunidad Náutica y Pesquera exigió la intervención inmediata de las autoridades competentes para frenar los presuntos abusos, garantizar el derecho al trabajo y al debido proceso, y restablecer condiciones de legalidad, certidumbre institucional y estabilidad económica en uno de los principales motores turísticos del municipio.

Puedes ver: BLANCA MERARI CELEBRA 10 AÑOS DE PUERTO MORELOS Y LANZA PLAN 2050