Lo que inició como una diferencia interna entre morenistas terminó en una fractura pública entre los legisladores guindas de Campeche y la gobernadora Layda Sansores. 

El origen del conflicto entre la cúpula morenista campechana se habría originado por la intención de Sansores de adquirir una deuda por mil millones de pesos para presuntamente hacer frente a recortes presupuestales previstos este año.

De acuerdo con los legisladores inconformes, la mandataria buscó imponer el crédito como una decisión ya tomada, sin diálogo, consenso o siquiera un análisis legislativo a fondo.

“Lo impuesto se rompe, lo amado permanece. La fuerza nunca ha sido el camino”, aseguró en redes sociales el presidente del Congreso local, el morenista José Antonio Jiménez.

Y es que la inconformidad escaló cuando 10 de los 16 diputados de Morena decidieron no respaldar la propuesta de Sansores, acusando una dinámica de “subordinación e imposición” que, según ellos, resulta incompatible con los principios de la Cuarta Transformación (4T).

Jiménez incluso calificó el intento de la gobernadora como “autoritario y represor”.

PUNTO ÁLGIDO

Medios locales informaron que el pleito morenista escaló al punto de que se reportó un despliegue de elementos de la Fiscalía de Campeche para presionar a los diputados inconformes.

Aseguraron que al no recibir el apoyo deseado, los seis morenistas que apoyan la propuesta de Sansores aceptaron ceder el control del Congreso a la oposición, remover a Antonio Jiménez e impulsar al emecista Paul Arce como nuevo presidente del Congreso.

A pesar de que tanto Jiménez como Sansores han compartido en múltiples ocasiones espacios en mítines presidenciales, el legislador aseguró que no cederá a las presiones.

“Que la resistencia no nos robe la prudencia ni el trabajo nos quite el corazón, que la política siga siendo un ejercicio de dignidad y amor”, sostuvo.

Mientras tanto, de forma inesperada, la gobernadora perdió el control de su propio Congreso y se enfrenta a acusaciones de querer imponer una deuda millonaria que contrastará la narrativa del partido que la llevó al poder.

Apenas el pasado 13 de enero, por unanimidad de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) invalidó artículos de la Ley de Obras Publicas, que facultaban a Layda Sansores para autorizar obras.

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Fuente: Excélsior