Paradigmas.- Durante décadas, una élite burocrática en México construyó un sistema de retiro paralelo al del resto de la población.

Mientras millones de trabajadores cotizaban bajo esquemas que hoy apenas les garantizan una pensión mínima, un grupo reducido de altos funcionarios aseguraba jubilaciones que superan, sin rubor, los cientos de miles de pesos mensuales.

No es percepción: es realidad documentada. En organismos públicos estratégicos, exdirectivos y mandos superiores continúan cobrando pensiones que multiplican por 20, 30 o hasta 40 veces el ingreso promedio de un jubilado común. En algunos casos, los montos alcanzan cifras que rondan el millón de pesos al mes. Todo con cargo al erario.

El contraste no solo es ofensivo; es políticamente insostenible.

Durante años se normalizó el argumento de los “derechos adquiridos”. Bajo esa premisa, se blindaron beneficios extraordinarios negociados en épocas donde la rendición de cuentas era más débil y el escrutinio público, limitado, pero que algo haya sido legal no significa que haya sido justo, y la justicia social, hoy más que nunca, exige coherencia.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado un punto de inflexión: poner límites a las pensiones de altos servidores públicos y terminar con los excesos heredados. La iniciativa no es menor. Implica tocar intereses consolidados, enfrentar posibles litigios y desafiar inercias administrativas que durante años parecían intocables.

La propuesta de Sheinbaum,  de establecer topes, ligados al salario presidencial, envía un mensaje claro: el servicio público no puede ser sinónimo de privilegio vitalicio. Gobernar no debe convertirse en una inversión con rendimientos garantizados de por vida, mientras el resto de la población enfrenta un retiro incierto.

El debate no es contra personas específicas; es contra un modelo de desigualdad institucionalizada. Un modelo que permitió que el Estado financiara pensiones de lujo al mismo tiempo que millones de adultos mayores dependían de apoyos sociales para sobrevivir. Esa contradicción erosiona la credibilidad del discurso de equidad.

Por supuesto, el desafío será jurídico y político. Habrá quienes defiendan cada peso bajo el argumento contractual, pero también habrá una mayoría social que cuestione por qué el sacrificio siempre recae en los mismos, mientras los privilegios permanecen blindados.

México no puede aspirar a una transformación profunda si mantiene intactas las estructuras de privilegio del pasado.

La decisión de Claudia Sheinbaum, de revisar y limitar las pensiones millonarias no es solo una medida presupuestal; es una declaración ética sobre el tipo de país que se quiere consolidar.

El mensaje es contundente: el poder público debe servir, no servirse. Y si la iniciativa prospera, marcará un precedente histórico al poner, por fin, un hasta aquí a uno de los símbolos más visibles del viejo régimen de excesos, ¿no cree usted?

Puedes ver: COLUMNA PARADIGMAS: JF INFORMA, 10 AÑOS CON CREDIBILIDAD