Mientras en Quintana Roo existen múltiples temas que requieren atención urgente, el oficialismo autoritario se empeña en imponer una agenda que responde a los intereses del Ejecutivo federal.

A unas horas de que en la madrugada, la Cámara de Diputados aprobara en lo general y en lo particular el llamado “Plan B”, con la oposición de Acción Nacional, la XVIII Legislatura se apresuró a llevar el dictamen al pleno, evidenciando la falta de diálogo y el desprecio por el consenso democrático.

El oficialismo sostiene que la reforma busca reducir costos; sin embargo, en los hechos recorta estructuras, debilita instituciones y evade los problemas de fondo del sistema electoral, como la intervención del crimen organizado en los procesos electorales. Este proceso se llevó a cabo sin el consenso de las fuerzas políticas ni de la sociedad, e incluso exhibió divisiones internas dentro del propio oficialismo.

Desde el Senado de la República, Mayuli Martínez Simón encabezó una férrea oposición. En el Congreso Federal, el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez votó en contra, y esta mañana, en el Congreso del Estado de Quintana Roo, Reyna Tamayo y Ángel Álvarez Cervera defendieron la democracia con su voto en contra.

El Partido Acción Nacional rechaza esta reforma por ser incompleta y regresiva. Ignora el principal riesgo para la democracia: la intervención del crimen organizado, el control territorial y la coacción del voto. Después de la elección más violenta de la historia reciente, el país no recibió una reforma que blindara los procesos electorales, protegiera a los candidatos o garantizara el voto libre.

Bajo el argumento de la austeridad, se reducen capacidades institucionales, se compromete la operación electoral y se genera incertidumbre. No existen cálculos sólidos que acrediten ahorros reales, ni mucho menos una mejora en la eficiencia del sistema. Se trata, en realidad, de una simulación que debilita a las instituciones.

Además, esta reforma representa un retroceso federalista: invade competencias locales, debilita la autonomía municipal y concentra decisiones en el poder central, intentando convertir a estados y municipios en simples oficinas del gobierno federal.

Frente a ello, Acción Nacional sostiene una propuesta clara y firme: nulidad de elecciones con intervención del crimen organizado, cancelación del registro a partidos que permitan o se beneficien de recursos ilícitos, combate real al financiamiento ilegal, protección efectiva a candidatos, defensa del voto libre, fortalecimiento institucional y respeto pleno al federalismo. Sin seguridad electoral, no hay democracia posible.

Una reforma que evade el problema de fondo no es solución, no hay ahorro real cuando se debilita la democracia, no se puede hablar de elecciones libres mientras el crimen organizado tenga influencia.

El Partido Acción Nacional seguirá defendiendo la democracia, la legalidad y la libertad de las y los mexicanos.

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