Cancún, Quintana Roo 16 de abril 2021.-El líder del partido Verde Ecologista de México (PVEM)  en Quintana Roo, Pablo Bustamante Beltrán y el presidente del congreso , también del mismo partido , Gustavo Miranda García, encabezan una mafia especializada en despojos inmobiliarios a través de juicios laborales amañados , según una investigación en Latinus, proyecto informativo de Carlos Loret de Mola.

Así, el propio Carlos Loret de Mola califica a estos personajes como el cartel del despojo, acciones de líderes del PVEM en la entidad , partido aliado del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Aquí el reporte de investigación de Claudio Ochoa para Latinus.

El 18 de abril de 2015, Bustamante Beltrán y tres personas más se presentaron ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Cozumel, para demandar por la vía laboral a Erika Luz García Deister, “empresaria de Cancún y socialité”.

Bustamante Beltrán con José Luis Gómez Sosa, Carlos Ismael Adrián Albornoz y Marcela Bañuelos Cobos, argumentaron ser trabajadores de García Deister en García y  Miranda Trading, S.A. de C.V., una empresa dedicada a la venta de tiempos compartidos.

Los cuatro declararon que fueron contratados con un sueldo de 90 mil pesos mensuales por vender tiempos compartidos y que fueron despedidos el 27 de julio de 2015 porque García Deister estaba inconforme por el bajo rendimiento en las ventas.

Entre sus demandas, exigieron:

• Indemnización
• Pago de vacaciones
• Salarios caídos
• Reparto de Utilidades
• Primas de antigüedad
• Horas extras laborales
• Aguinaldos

Ninguno de los demandantes presentó su contrato y aún así, la presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Teresa de Jesús Ku Pat, les dio la razón, determinó que Erika García debía pagarles todos los reclamos, un total de de más de 10 millones de pesos.

En el juicio laboral les preguntaron con qué querían cobrarse y decidieron que fuera con un departamento ubicado en Maioris Tower, complejo residencial ubicado en la zona hotelera de Cancún.

El departamento tenía un valor de 13 millones de pesos, cantidad superior a lo que Erika les adeudaba a los empleados con sueldos de 90 mil pesos mensuales, que la autoridad nunca les pidió comprobar.

El banco español Sabadell se dio cuenta de la falta de pago del crédito de departamento de Maioris Tower y acudió al Registro Público de la Propiedad y del Comercio para registrar el aviso de que el inmueble estaba gravado.

La sorpresa para el bando fue que el departamento ya no le pertenecía a Erika sino a sus supuestos trabajadores, entre ellos Bustamente Beltrán.

Latinus cita en su investigación la complicidad entre:

• Junta Laboral
• Registro Público de la Propiedad y del Comercio
• La empleadora
• Los supuestos empleados

Los ex trabajadores vendieron de inmediato el departamento después de ganar el juicio laboral, pero la operación se pausó debido a que Sabadell metió un amparo el cual se está litigando actualmente.

Bustamante Beltrán pasó la Navidad con Erika García y su hijo, el diputado Gustavo Miranda, después de haberla demandado y acusarla de malos tratos.

Pero el ahora líder del PVEM en Quintana Roo no sólo pasó la Navidad con quien demandó y su hijo, indica Latinus, sino también compartió con ellos eventos públicos, fiestas y actos de campaña.

“La relación es más que cercana, extrañamente, después de una demanda laboral que les quitó a los García Miranda más de 10 millones de pesos”, señala Latinus.

Gustavo Miranda García es hijo de Erika García y forma parte del PVEM. Con 26 años es diputado local y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso.

Él y Bustamante Beltrán, que heredó la dirigencia del Verde por la destitución de José de la Peña por estar vinculado a la mafia rumana, alardean ser el futuro político de Quintana Roo.

La estrategia de este cártel del despojo no se queda en este caso. Latinus hizo la revisión en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Quintana Roo, encontró al menos otros dos juicios laborales idénticos en los que otros presuntos trabajadores también demandaron a Erika García Deister y se hicieron de propiedades que ella obtuvo con créditos.

Entre esos supuestos empleados, se encuentra Jorge Segura Rodríguez, otro amigo de Gustavo Miranda; igual que otros empleados, argumentó en su demanda ganar 90 mil pesos.

“La impunidad es tal, que la Junta de Conciliación y Arbitraje que dependen del Poder Ejecutivo, es decir del gobernador, resolvió esos otros dos juicios en cuestión de dos meses, y el Registro Público, otro organismo del Gobierno del Estado, inscribió las propiedades a favor de los trabajadores el mismo día y con minutos de diferencia”, expresa Latinus.

A la ecuación de estas complicidades de suma el notario Jorge Jaime Cruz Hernández, titular de la notaría 84 en Playa del Carmen, quine ha avalado esta serie de movimientos.

“Antes de recibir el regalazo que implica una notaria, fue nada más y nada menos el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en la época de (Roberto) Borge, cuando lo acusaron de participar en varios despojos en el área de Tulum”, cita Latinus.