Cancún, Quintana Roo 01 de agosto 2021.- Tras una larga espera, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, inició con la consulta donde se determinará si varios ex mandatarios nacionales serán enjuiciados por sus presuntos delitos cometidos durante sus respectivos sexenios.

Como parte de las actividades de esta jornada dominical, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, acudió a la casilla que le corresponde a emitir su voto.

A través de su cuenta de Twitter, manifestó que la Consulta Popular 2021 “es ya un éxito”debido a que el 99.7% de las mesas consideradas pudo instalarse.

Sin embargo en algunas mesas receptoras en Quintana Roo reportaron hasta dos horas de atraso para su apertura , además de la escasa afluencia que se percibe en toda la geografía estatal hasta las 14 horas de este domingo.

Así, las mesas receptoras de opinión lucen semivacías en medio de la tercera ola de contagios de Covid-19, en donde Quintana Roo es una de las entidades con más contagios diarios del país.

Hay interés en participar en la primera consulta popular oficial, pero la baja concurrencia es la otra cara de la misma moneda. “No le veo sentido a participar, de todas formas, no creo que se juzgue a los expresidentes”, comenta Monica,  de 45 años, vecina del residencial Cumbres en este polo turístico,  quien confiesa que ni siquiera asistirá a su mesa a marcar la papeleta rosa con el “no” porque duda que en verdad se vaya a actuar en consecuencia.

Desde las 9:00 horas, cuando abrieron las primeras mesas receptoras de opinión, Twitter y WhatsApp se empezaron a poblar de selfies y fotos de dedos pulgares marcados con tinta indeleble de personas que ya habían participado en este inédito ejercicio democrático en México. Con la etiqueta #ConsultaPopular2021 invitan a la ciudadanía a participar, pero el llamado no ha tenido eco fuera del espacio digital.

Las mesas estarán abiertas hasta las 18:00 horas. En las urnas deberá haber por lo menos 37 millones de votos para que la consulta sea vinculante y el gobierno del presidente López Obrador pueda iniciar el “proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.