La conservadora Laura Fernández prestó juramento el viernes como presidenta deCosta Rica por los próximos cuatro años en compañía del ahora exmandatario Rodrigo Chaves como su ministro de la Presidencia y Hacienda, un nombramiento que consolida la continuidad del “chavismo” costarricense.

La gestión de la politóloga, la segunda mujer en alcanzar la presidencia del país centroamericano, será una continuidad del movimiento político que inició su predecesor.

La nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció durante su discurso de investidura que impulsará una reforma “profunda” del Estado para construir una nueva Costa Rica y que aplicará “mano dura” contra el crimen organizado.

La mandataria afirmó que Costa Rica “no puede aceptar que el narcotráfico encuentre grietas en el sistema” y aseveró que su gobierno inaugurará una “megacárcel” para 5 mil presos inspirada en el modelo salvadoreño de Nayib Bukele, y que además establecerá un Centro de Control y Comando (C5) de seguridad para combatir el crimen organizado.

“A las madres que han perdido a sus hijos les digo que su dolor no me es ajeno. Aplicaré una respuesta de mano dura, que es lo que ustedes esperan y merecen de mí como su presidente. No me temblará el pulso para enfrentar al crimen organizado”, expresó Fernández.

La mandataria advirtió que esos esfuerzos “no servirán de nada si los jueces siguen soltando a los delincuentes peligrosos y si las leyes también los protegen con la cultura del ‘pobrecito'”.

Fernández afirmó que respetará los derechos humanos y la división de poderes del país, y que la lucha contra el crimen organizado corresponde a un trabajo conjunto.

Entre sus prioridades, Fernández enumeró proyectos que quedaron pendientes en la administración de Chaves, como el tren eléctrico de pasajeros y otras obras de infraestructura viales.

Una de las fuertes críticas a Chaves fue su constante confrontación y crítica a los otros poderes del Estado, particularmente al Judicial, al que acusó muchas veces como responsable de la crisis de inseguridad que vive el país.

“Tenemos la madurez para reconocer lo que está bien, pero también valor y determinación para corregir lo que está mal”, acotó. “Eso implica revisar nuestra institucionalidad. Eso no significa atentar contra la división de poderes, eso nunca lo haría, pero a cada uno de nosotros toca dar cuentas al pueblo de sus acciones y sus omisiones. Implica recuperar la confianza en la justicia”.

También atípica fue la decisión de Fernández de nombrar como embajador en Washington a su segundo vicepresidente, Douglas Soto, con la idea de reforzar la estrecha relación con el gobierno de Donald Trump. 

Como representante de Trump en el traspaso de poder, está de visita en San José la enviada especial del programa Escudo de las Américas, Kristi Noem, con quien en marzo Chaves firmó un acuerdo para que Costa Rica reciba hasta 25 deportados desde Estados Unidos por semana.

Del grupo de aliados que tiene Trump en Latinoamérica, fueron notorias las ausencias de los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; de Argentina, Javier Milei, y del salvadoreño Nayib Bukele, con quien Chaves tuvo múltiples intercambios sobre la construcción de una cárcel con los mismos planos del centro penitenciario en el que El Salvador ha recluido a las pandillas.

Quien sí devolvió la cortesía fue el presidente chileno José Antonio Kast, quien junto a los mandatarios de Guatemala, Panamá, República Dominicana, el primer ministro de Curazao, el rey de España Felipe VI y el presidente del gobierno de Israel, Isaac Herzog, completaron la lista de jefes de Estado que asistieron al cambio de mando.

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