FRENA SCJN PLAN “B” DE AMLO | Jaime Farias Informa

Frena SCJN Plan “B” de Amlo

La Suprema Corte de Justicia ha admitido la controversia constitucional presentada por el INE en contra de la reforma electoral del Gobierno y ha concedido una suspensión para que las modificaciones legales no se apliquen hasta que los ministros resuelvan si son constitucionales o no.

Con esta decisión, el INE, órgano autónomo encargado de organizar y garantizar las elecciones en México, podrá conservar sus funciones y estructura institucional, y seguir operando como hasta antes de la aprobación del llamado Plan “B” electoral.

La suspensión fue concedida por el ministro Javier Laynez, en cuya ponencia recayó el recurso promovido por el INE. El ministro ha dejado ver que, a su consideración, la reforma impulsada por el Gobierno puede suponer violaciones a los derechos políticos de los ciudadanos.

Su razonamiento arroja luz sobre el sentido en el que podría elaborar su proyecto de sentencia y hace tambalear una de las mayores apuestas legislativas de la Administración de Andrés Manuel López Obrador.

La suspensión estará vigente el tiempo que tome la Corte para resolver la controversia constitucional.

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“El ministro instructor concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del decreto [de reforma] para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma”, ha anunciado la Corte este viernes. “Dicha suspensión fue otorgada debido a que el decreto no sólo contiene normas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede”. El Supremo añade que ya en ocasiones anteriores ha resuelto “que en controversias constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión, aun tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos. En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía”.

Tanto la Consejería Jurídica del Ejecutivo como el Congreso pueden recurrir la suspensión ante la misma Corte, que resolverá el asunto a través de alguna de sus salas, un trámite que puede tomar varias semanas.