El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Senado presentó una iniciativa para que el bloqueo de cuentas bancarias requiera autorización judicial previa, con el objetivo de garantizar derechos como la presunción de inocencia y la audiencia previa.
La propuesta, impulsada por el coordinador parlamentario Alberto Anaya Gutiérrez, plantea reformas a los artículos 115 y 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito.
El legislador explicó que la iniciativa no busca frenar el combate a delitos financieros, sino fortalecer la legalidad y legitimidad de estas acciones mediante controles judiciales, similares a los que ya existen para órdenes de cateo, aprehensión o intervenciones de comunicaciones.
Anaya Gutiérrez señaló que el bloqueo de cuentas puede paralizar totalmente la vida económica de una persona, por lo que consideró necesario que un juez valide previamente este tipo de medidas.
La reforma también delimita los casos en los que procederían los bloqueos, vinculándolos a investigaciones por delitos como lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Además, el senador sostuvo que incorporar controles judiciales ayudaría a reducir percepciones de arbitrariedad y fortalecería la confianza en las instituciones y en las inversiones.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y dictamen.
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