REMEMBRANZAS

AGUAKAN COMO BOTÍN POLÍTICO

Por Santos Gabriel Us Ake

La concesionaria de agua potable del grupo Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), conocida como Aguakan, ha sido usada como botín político en numerosas ocasiones desde que obtuvo el contrato en 1993 (hace 26 años). Fue el entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari (1988 a 1994), y el gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid (1993-1999), quienes le otorgaron la concesión a través del Congreso del Estados, todos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El 14 de diciembre de 2014 el Congreso del Estado, también de mayoría priísta, aprobó ampliar la concesión hasta el 2053 y entró en vigor el 1 de enero de 2015. Aguakan es una de las empresas del sexenio salinista que se benefició de la época de concesiones y a pesar de que en apariencia la clase política no quiere al corporativo, en dos ocasiones le han aprobado las concesiones e incluso a lo largo de los años han realizado giras de trabajo para inaugurar las obras hidráulicas.

En su momento el propio gobernador que avaló la concesión, Mario Villanueva Madrid, intentó revocar el contrato y obviamente la empresa se defendió y ganó el juicio. Y cuando era diputada local por el PRI, Marybel Villegas Canché, aprobó la ampliación del contrato de concesión y ahora como senadora de Morena promueve la revocación. También Laura Beristáin Navarrete cuando era candidata a la presidencia municipal de Solidaridad usó como bandera política la rescisión de contrato de Aguakan y después de ganar redujo la intensidad de sus ataques.

Otro cabdidato que utilizó como bandera de lucha a Aguakan fue Gregorio Sánchez Martínez cuando fue cabdidato a la presidencia municipal de Benito Juárez por el Partido Encuentro Social (PES), pero no ganó, y cuando fue alcalde de 2008 a 2010 no tocó el tema sino basó su campaña con la invasión de terrenos de manera indirecta (la colonia de invasores de la región 203 lleva su nombre).

El Congreso de Estado aprobó en su momento la aplicación de los intereses por concepto de la deuda del consumo de agua potable y la concesionaria no tiene más remedio que aplicarla. Aguakan tiene que cumplir lo que le dicta la ley aún siendo una medida impopular. Y mientras la lucha continúa entre políticos y Aguakan, el verdadero problema que es la falta de servicios a miles de habitantes de las colonias irregulares de Cancún y de Isla Mujeres, sigue sin resolverse desde hace más de 20 años.

Ciertamente Aguakan no es la mejor concesionaria, pero donde tiene facultades de operar ha dado un buen servicio. Como ejemplo en la región 95 de Cancún la presión del agua llena los tinacos incluso hasta el tercer piso sin necesidad de usar bomba hidráulica. No se puede negar que en algunos fraccionamientos no tiene la capacidad para llenar los depósitos de agua, pero se debe a la sobredensificación de las casas habitación, derivado de las aprobaciones de los regidores para beneficiar a ciertas constructoras.

También es cierto que existen casos de facturaciones muy elevadas, impagables para los usuarios, y son situaciones que deben atenderse en lo particular. Lo más urgente en estos momentos es regular las numerosas colonias e invasiones para que tengan acceso a la justicia social, que es la dotación de los servicios básicos y no la falacia de ofrecer la idea de la revocación de la concesión con fines electorales.

Se ha demostrado en los hechos que una vez aprobada la concesión por el Congreso del Estado, no procede la rescisión de contrato, salvo la empresa cometa una falta muy grave. Aguakan ha ganado todas las demandas habidas y por haber, pero aún así sigue siendo bandera de lucha de numerosos aspirantes a cargos de elección popular en detrimento de los usuarios. Otro tema derivado de Aguakan que amerita tratar es la conexión de las viviendas a la red de alcantarillado. Cientos y tal vez miles de casas no están conectadas al drenaje a pesar de tener la infraestructura en la colonia, y desde luego contaminando el manto freático.

Sería importante revisar casa por casa para verificar quién no está conectado a la red de drenaje sanitario, y podría resolverse por medio de un programa de crédito para la instalación domiciliaria, pero debido a que esta idea no es redituable políticamente, como el ofrecer la revocación de la concesión, nadie la usará como bandera de lucha.