PERSPECTIVAS

Gabriela Ruiz Serna

El problema es uno: inseguridad. Los riesgos varían: desde la alteración de los hábitos y la calidad de vida, pasando por la posibilidad de resultar lesionado al registrarse un tiroteo en cualquier lugar de la ciudad o la zona hotelera, hasta el cierre de negocios, la percepción de inseguridad creciente y la consiguiente disminución de turismo, entre otros.

El común denominador: impunidad.

No son pocos los casos en los que conocer jueces de control ordenan la liberación de presuntos delincuentes.

¿El motivo? La mala integración de la carpeta de investigación y la detención ilegal de los presuntos.

La falla es recurrente y eso es lo que llama la atención. A través de los años se han ofrecido innumerables cursos de capacitación para integrar debidamente las carpetas de investigación de la Fiscalía y para el correcto actuar de la policía ministerial.

En mi carrera periodística vi pasar a no pocos procuradores, debo resaltar la posibilidad de que no sea en este orden: Miguel Peyreffitte Cupido (QEPD), Celia Pérez Gordillo, Carlos Pereyra Vázquez, Bello Melchor Rodríguez Carrillo, Francisco Alor Quezada, Gaspar Armanto García Torres y Miguel Ángel Pech Cen.

Fue con Pérez Gordillo cuando se empezó a dar énfasis a la capacitación de los -en aquel entonces, agentes del ministerio público- hoy fiscales, a los agentes de la policía judicial -hoy policía ministerial y a los oficiales secretarios.

Si bien había rotación de personal, la mayoría hacia o intentaba hacer carrera en la Procuraduría, por eso es de resaltar el hecho de que pese a la capacitación constante que procurador tras procurador y fiscal tras fiscal anunciaba para profesionalizar al personal, se siguen cometiendo errores de novato: no se integran debidamente los expedientes o se detiene de manera ilegal, lo que da lugar a que los presuntos sean liberados con el latente riesgo de que tomen represalias contra sus víctimas.

Entonces, ¿qué puede esperar la ciudadanía con personal que supuestamente recibe capacitación pero que falla a la hora de hacer su trabajo y los presuntos son liberados? ¿Cómo es posible que capacitación tras capacitación siga habiendo estos errores que se traducen en impunidad?

Según la Fiscalía,  el último año fueron más de 90 los cursos que se ofrecieron a quienes tienen a su cargo la integración, la investigación y los peritajes en los casos que se requieran. En pocas palabras esas personas tienen en sus manos la capacidad y la responsabilidad de hacer justicia.

Aquí cabe hacerse varias preguntas: ¿hay una elevada rotación del personal de la Fiscalía que recibe capacitación? Porque de ser así los impuestos de los quintanarroenses se destinan a capacitar a quienes despues renuncian y utilizan esos conocimientos en despachos privados.

¿Quién verifica que la integración de los expedientes sea correcta? Debe haber no uno, sino varios responsables.

¿De qué manera los ciudadanos podemos estar seguros de que la mala integración es verdaderamente por error o ignorancia -lo que de ninguna manera sirve consuelo- y no por omisión voluntaria?